Después de la derrota de la propuesta de normativa de regulación de descargas SOPA, la industria musical no ceja en su empeño y ha emitido una serie de recomendaciones que, si son tenidas en cuenta por los legisladores, abrirán una nueva batalla legal por los derechos digitales.

El negocio musical goza de buena salud y la retirada de las propuestas de las normativas SOPA y PIPA no va a dañar sus ingresos a la vista de las cifras registradas el año pasado.

Su situación financiera es más que decente y mucho mejor, en términos de negocio digital, que la de otros sectores del entretenimiento, como llegan a reconocer importantes directivos de su principal patronal en Estados Unidos, la Asociación Americana del Disco (RIAA).

En concreto, el año pasado, el número de usuarios de servicios de musicales online de  pago aumentó un 65 por ciento, hasta alcanzar los 13,4 millones, según han reconocido algunos de sus miembros.

Incluso, estos servicios de pago aumentaron en 58 países del mundo, y ya mueven 5.200 millones de dólares de ingresos. Es decir, aunque las ventas de música digital crecieron un 8 por ciento con respecto a 2010, el número de países que cuenta con servicios de música digital aumentó un 242 por ciento el año pasado.

Las compañías de discos están trabajando con ISPs, motores de búsqueda, gobiernos y agencias federales para reducir el número de descargas ilegales y asegurar que un alto porcentaje de música sea descargada legalmente.

Pero, por si todo esto fuera poco, la industria americana ha editado un decálogo de medidas que considera prioritarias para el futuro de su negocio, entre las que figuran la respuesta gradual de las leyes, el bloqueo de sites que puedan perjudicar sus ingresos, que los motores de búsqueda puedan priorizar en función de los criterios de la industrial, permitir la supresión de la tarjeta de crédito o de pago a los que sean acusados de descargas ilegales de música, que se elimine la publicidad de sitios piratas, como MegaUpload, que los operadores móviles también intenten penalizar las descargas ilegales y más procesos contra quienes descarguen música ilegalmente.

Toda una declaración de intenciones que no sólo criminaliza el consumo de música online sino que además traslada la responsabilidad de su persecución, búsqueda y penalización a diferentes agentes, autoridades, proveedores de servicios, buscadores, operadores. Todos los implicados, excepto los principales interesados, las propias compañías de música.

 

01/02/2012 PCWORLD PROFESIONAL