La caída del servicio tuvo lugar cuando los operarios de Vodafone aprovechaban las horas de menos tráfico de red para actualizar el software de uno de los nodos de la operadora, en concreto un nodo de Ericsson de la red GSM perteneciente a la red troncal fija. El problema en el nodo provocó una serie de fallos en cascada que colapsaron toda la antigua red de Airtel en España.
Hacia las 10 de la mañana comenzó a restablecerse el servicio en las zonas de Levante, Cataluña y norte del país, pero la mayoría de usuarios no pudieron acceder a línea telefónica en sus móviles hasta las 13 o las 14 horas, y en algunos casos hasta bien entrada la tarde. El ingente tráfico que se generó a partir de ese momento hizo que las líneas estuvieran colapsadas hasta la medianoche.
Según la Asociación de Ingenieros de Informática (AI2), la avería que sufrió Vodafone no habría sucedido “si hubiera existido un diseño de ingeniería informática adecuada y una ejecución técnica precisa”. La Asocación, que engloba a distintas asociaciones de ingenieros informáticos de toda España, atribuye la avería a una política incorrecta de gestión de recusos técnicos por parte de Vodafone, y plantea una pregunta inquietante: “¿qué hubiera sucedido si en lugar de ser un accidente no intencionado hubiera sido un ataque informático deliberado?”
Consecuencias de la avería
No se han hecho esperar las consecuencias de la caída de servicio en el segundo operador móvil en España (con un tercio de los abonados) y el primero en todo el mundo (dentro del grupo Vodafone). El Ministerio de Ciencia y Tecnología ha comunicado que el operador británico tendrá que presentar un informe entre 7 y 10 días en el que explique detalladamente los motivos de la avería, y en función de la responsabilidad que se considere, se podrá abrir al operador un expediente administrativo o uno sancionador. En el primer caso, Vodafone tendrá que tomar medidas para que no vuelva a ocurrir una avería similar, pero si se termina por sancionar al operador, éste tendrá que hacer frente a una multa todavía indeterminada.
Aparte de la Administración Central, la Junta de Andalucía y la Generalitat de Catalunya también pedirán responsabilidades a Vodafone. La primera ha abierto un expediente informativo a la compañía para que esclarezca las causas de la avería, que afectó a 1,5 millones de usuarios en Andalucía, y la segunda estudia llevar a cabo acciones legales contra la operadora, ya que el servicio de telefonía móvil en la Generalitat estaba concertado con Vodafone.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), por su parte, señala que ante la avalancha de reclamaciones, diversas organizaciones de consumidores exigen a Vodafone que rebaje la mensualidad del mes de febrero a sus clientes de contrato fijo (3,81 millones). Vodafone se ha comprometido a enviar un mensaje corto a todos sus clientes cuando los problemas de red se solucionen definitivamente, y en su página web comunica de forma escueta que en breve se restablecerá el servicio totalmente.
www.vodafone.es
www.mcyt.es
www.ocu.org
