La creación de un mercado negro, la competencia desleal y el cierre de los pequeños negocios son los primeros efectos del gravamen.
El pasado 20 de junio entraba en vigor el polémico canon digital, una medida que ha provocado el cisma entre la sociedad, las empresas y las organizaciones y que grava los soportes y dispositivos digitales como compensación por el derecho a la copia privada, independientemente de que se ejerza o no.
La polémica está servida y más allá del debate sobre los derechos de autor de las obras, en los que todas las partes implicadas –Administración, empresas, usuarios y sociedades de gestión de derechos de autor– parecen estar de acuerdo, la divergencia de posturas en materia del llamado canon digital se traslada a la forma y cuantía con que se grava unos soportes o dispositivos que utiliza el 99% de la sociedad; por lo que parece desmesurado presumir que este porcentaje de usuarios utiliza estos dispositivos o soportes para realizar copias para uso privado, un derecho que además está recogido en la legislación española. Según el estudio sobre hábitos de uso de los consumidores españoles de dispositivos electrónicos realizado por Sigma Dos y presentado por la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones (Asimelec), en los hogares españoles sólo el 38,7% de los CD vírgenes se destina a copiar música y el 44,6% a otros usos, como almacenamiento de archivos y fotografías. Si esta cifra la extrapolamos al conjunto del mercado, resulta que sólo el 20,8% de los CD vendidos en España serían destinados a copiar música, por lo que el gravamen sanciona de manera previa al usuario, independientemente de que se ejercite el derecho que las entidades de gestión reclaman. Según estimaciones de la Asociación de Internautas (AI), la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) recaudará, gracias al canon, al menos 225,8 millones de euros a lo largo de este año, en compensación por el uso de tecnología, entre consumidores, empresas y administraciones públicas. De ellos, se estima que sólo el sector público podría llegar a pagar unos 80 millones de euros.
Efectos colaterales
“Estamos de acuerdo en que, en un contexto económico poco favorable, como el que actualmente vivimos, este tipo de medidas contrae la demanda del mercado y, lo que es más peligroso, favorece la competencia desleal y crea un floreciente mercado negro, inicialmente centrado en los CD y DVD vírgenes regrabables, que ha crecido exponencialmente tras la entrada en vigor del canon digital”, asegura Víctor Domingo, presidente de la AI. Éste vaticina que este mercado se extenderá a otros productos sobre los que hasta el momento no pesa el canon.
La industria de las TI ya ha empezado a notar los efectos colaterales de la polémica medida. “El aumento considerable de precios en determinados productos en una situación de recesión no va a favorecer el desarrollo de la industria”, afirma José Pérez, presidente de Asimelec. Si bien, una de las primeras consecuencias ha sido el cese de la fabricación de CD y DVD vírgenes en España, ésta es sólo la punta del iceberg. Según Pérez, “la industria de TI corporativa y de consumo es tremenda
mente sensible a los costes y una medida de estas características podría, en último caso, retraer la inversión de compañías extranjeras en España, que podrían plantearse el desembarco en otros países cercanos al nuestro, en los que no rija el canon”. Por su parte, la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (Apemit), estima que las exigencias de la nueva Ley de Propiedad Intelectual y el canon digital podrían ocasionar el cierre de 5.000 pequeños comercios de informática, debido a la subida del precio de los productos que conlleva su aplicación.
Hoy por hoy, el canon digital en España “es uno los más agresivos y abusivos de los 20 países en todo el mundo en los que se aplican medidas similares”, señala el presidente de la AI. Por esta razón, empresas y usuarios continuarán en su empeño de convencer al Ejecutivo de dos cosas: primero, de la necesidad de implantar un sistema transparente, con base real y acorde a la legislación y, segundo, del imperativo de que la industria cultural se adapte a las nuevas tecnologías como lo hicieron otras industrias, como la turística: “Hay otro modelo de negocio para la industria de los derechos de autor”, afirma Domingo.
