Se trata de la primera denuncia por el hecho de intercambiar programas y archivos ilegalmente a través de redes peer-to-peer, y que derivará en una investigación judicial a cargo de la Brigada de Investigación Tecnológica (BIT) de la Policía Nacional. El despacho de abogados solicitará una autorización judicial para utilizar un programa que emula los diferentes protocolos de intercambio existentes, para identificar a usuarios que ofrecen y descargan ficheros ilegalmente mediante plataformas P2P. Javier Ribas, socio de Landwell-PWC, afirma que esta herramienta se lleva desarrollando seis meses, y que servirá para identificar a los usuarios que incurran en este delito.
Los impulsores de esta denuncia han sido numerosas empresas de software y las asociaciones españolas afectadas por la copia ilegal de material de software, que encargaron a Landwell-PriceWaterhouseCoopers la tarea de emprender acciones legales contra los usuarios de plataformas P2P que incurrieran en delitos de piratería. Para ello, Landwell-PwC ha llevado a cabo durante los últimos meses un seguimiento de las descargas de archivos a través de Internet.
Se estima que en España existen más de 95.000 usuarios de plataformas P2P, que han realizado cerca de 25 millones de descargas de archivos durante diciembre de 2002 y mayo de 2003. Los archivos más descargados corresponden a música, programas de ordenador y cine, por este orden, según datos de Landwell-PwC. Según el estudio, un 65% de los usuarios utilizan programas, direcciones IP dinámicas o sistemas de seguridad para impedir su identificación ante una acción de la Justicia, y los perjuicios económicos producidos por estas acciones suponen 85 millones de euros en las empresas.
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