No se cerrará ninguna web sin autorización judicial

El modelo que se llevará a cabo, según publica El País, guarda ciertas similitudes con el que se emplea en los Ayuntamientos para la paralización de una obra, o la que permite la retirada de anuncios y de campañas de publicidad ilícitas y que consiste, a grandes rasgos, en la petición por parte de un organismo administrativo o un particular. En el caso de las descargas de Internet la entidad competente será la recién creada Comisión de la Propiedad Intelectual.

Así, para cerrar una página web se deberá de contar con una petición de cese de la actividad de la misma y será necesario contar con una autorización judicial para proceder al cierre de la página web.

No obstante, cabe señalar que el juez sólo decidirá si el organismo solicitante es pertinente para pedir la suspensión y si no vulnera ningún derecho fundamental. Gracias a este procedimiento, el cese de las actividades se realiza de una forma más rápida.

Asimismo, cabe señalar que antes de que se llegue a cerrar la página web se deben de dar a los dueños de la misma una serie de alternativas como conceder un plazo para eliminar el contenido que, según la Comisión de Propiedad Intelectual (que, a priori, estará compuesta por expertos independientes entre los que figuren magistrados, abogados, y representantes tanto del mundo de la Cultura como de Internet), vulnera los derechos de propiedad intelectual.

Con esta decisión, y según los expertos, la intención del Gobierno es contentar tanto a la industria cultural como a la comunidad internauta. Cabe recordar que esta última protagonizó una oleada de quejas ante la aprobación del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, en la que se incluye la modificación del artículo 2 referente a los Servicios de Internet.