El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley del Economía Sostenible, mediante el cual el Gobierno establece un control judicial para el cierre de páginas web que atenten contra la propiedad intelectual y los derechos de autor, proceso que tendrá una duración máxima de cuatro días.
Pues bien, las reacciones no se han hecho esperar. Así, y a pesar de que tanto María Teresa Fernández de la Vega, Vicepresidenta primera del Gobierno; como Miguel Caamaño, Ministro de Justicia; y, por supuesto, Ángeles González-Sinde, Ministra de Cultura; han reiterado, una y otra vez, que estas medidas no perseguirán a los internautas, éstos no se fían.
Reacción de los internautas
Y es que los representantes de las principales asociaciones de internautas han rechazado el citado anteproyecto de Ley durante la reunión que mantuvieron el pasado sábado. En ésta se estableció un plan de acción, "mediante grupos de trabajo", para contestar esta medida, y "hacer presión, aprovechando la presidencia española de la UE, para la elaboración de una ley orgánica".
Una de las denuncias que realiza el colectivo de internautas hace referencia a que el anteproyecto se ha llevado a cabo sin contar con la sociedad civil, y solicitan que “algo que va a afectar a los ciudadanos, por lo menos se lleve a debate”. Además, consideran que la medida es “un apaño que afecta a los derechos fundamentales, pues espiar comunicaciones electrónicas o decidir si hay que cerrar o no una página web, tiene que ir bajo la regulación de una ley orgánica, cuanto menos".
Victor Domingo, presidente de la AI, fue uno de los más críticos con esta aprobación, y aseguró, a un medio de comunicación, que desde su Asociación “hay una firme decisión de dar una respuesta contundente”. En este sentido, Victor Domingo también demandó “la existencia de una ley orgánica que regule todo esto”, y aseguró que las acciones que se van a llevar a cabo tendrán el objetivo de desenmascarar "el engaño al que el Gobierno está sometiendo no solamente a nosotros, sino al conjunto de la opinión pública porque se la está confundiendo de una manera deliberada".
El presidente de la AI, además de declarar que el anteproyecto de Ley sólo beneficia a las sociedades de gestión, tuvo palabras para Ángeles González-Sinde, al considerar que “no tiene credibilidad, y más si se tiene en cuenta que fue el Ministro de Justicia el que anunció el texto. Esto muestra que el Gobierno tiene un problema”.
Reacción de la Coalición de Creadores
La postura contraria a la adoptada por el colectivo de internautas, la representa la Coalición de Creadores. Joan Navarro, director de la Coalición de Creadores, consideró que “se ha dado un paso muy positivo”, que confirma “el compromiso del Gobierno de acabar con la impunidad de la piratería digital”.
Joan Navarro valoró muy positivamente el hecho de que “sea un juez el que finalmente decida si se cierra o no una página web”, el cual “perseguirá a los productores de la piratería, a los que difunden las obras sin permiso de los autores, y no a los usuarios”.
Con las nuevas modificaciones “no va a haber ninguna limitación a la libertad de Internet, sino que se va a incrementar la seguridad en la Red, que va a permitir que se desarrollen nuevos servicios que van a ofrecer contenidos con más calidad y a mejores precios".
A la valoración positiva de la Coalición de Autores se une la de la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles (FAPAE), que se mostró conforme con las medidas adoptadas y aseguró que "España se equipara al resto de países del mundo, promoviendo un mercado legal y evitando que las empresas organizadas que trafican de forma ilegal con obras ajenas queden impunes".
