Finalmente, el Senado ha aprobado una enmienda que ha resucitado la Ley Sinde. Tras días de negociación, PSOE, PP y CiU han alcanzado un acuerdo en el que, además, también entra el canon digital. Ayer, María Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular, anunciaba la predisposición de su partido a negociar siempre y cuando hubiera garantías judiciales, y, en esta enmienda, se contempla la necesidad de una autorización judicial previa al cierre de páginas Web de descarga ilegales.
La Ley Sinde continúa su camino hacia su aprobación. Eso sí, con algunos cambios. Tras una semana de retraso, PSOE, PP y CiU, han alcanzado un acuerdo. Así, y para que se lleven a cabo las medidas para que se "interrumpa la prestación de servicios de la sociedad de la informaciónpara que se retiren contenidos que vulneren la propiedad intelectual" será necesario una autorización judicial.
Según reza la enmienda pactada por PP, PSOE y CiU, que recoge RTVE, "en el plazo improrrogable de dos días siguientes a la recepción de la notificación de la resolución de la Comisión y poniendo de manifiesto el expediente, el Juzgado convocará al representante legal de la Administración, al Ministerio Fiscal y a los titulares de los derechos y libertades afectados o a la persona que éstos designen como representante a una audiencia, en la que, de manera contradictoria, el Juzgado oirá a todos los personados y resolverá en el plazo improrrogable de dos días mediante auto. La decisión que se adopte únicamente podrá autorizar o denegar la ejecución de la medida".
Asimismo, la enmienda también incluye un plazo de 48 horas para " proceder a la retirada voluntaria de los contenidos declarados infractores o, en su caso, realice las alegaciones y proponga las pruebas que estime oportunas sobre la autorización de uso o la aplicabilidad de un límite al derecho de Propiedad Intelectual. Transcurrido el plazo anterior, en su caso, se practicará prueba en dos días y se dará traslado a los interesados para conclusiones en plazo máximo de cinco días. La comisión en el plazo máximo de tres días dictará resolución. La retirada voluntaria de los contenidos pondrá fin al procedimiento".
Uno de los puntos más polémicos de dicha Ley, la creación de una Comisión de Propiedad Intelectual, dependiente del Ministerio de Cultura, sigue adelante y, según la enmienda asumirá "las funciones de mediación, arbitraje y salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual". Dicha Comisión estará formada por "tres miembros nombrados por el Ministro de Cultura, a propuesta de los Subsecretarios de los Ministerios de Economía y Hacienda, Cultura y Justicia, por un período de tres años renovable por una sola vez, entre expertos de reconocida competencia en materia de propiedad intelectual. Los Ministerios de Cultura y Economía y Hacienda nombrarán, conjuntamente, al Presidente de la Sección Primera".
Modificación del canon digital
Y en esta negociaciación también ha entrado el canon digital. Así, y según la enmienda, "el Gobierno, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, mediante Real Decreto y con plena conformidad al marco normativo y jurisprudencial de la Unión Europea, procederá a modificar la regulación de la compensación equitativa por copia privada".
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