La AUI pone en entredicho algunos aspectos de la futura Ley de Impulso de la SI

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El anteproyecto de Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información está creando cierto revuelo entre la comunidad internauta. La Asociación de Usuarios de Internet ha emitido un comunicado en el que señala que la nueva Ley, “tal y como se ha redactado, puede provocar la censura y el veto para acceder a contenidos tal y como está sucediendo en países como China”.

En el comunicado difundido por la AUI se asegura que el texto de la Ley “no recoge las sugerencias sobre las garantías judiciales a la hora de retirar un contenido de la Red o prohibir el acceso a una determinada página”. En opinión de la entidad, debe existir un mandato judicial tanto para poder cerrar una web como para poder acceder a los datos que están obligados a guardar los proveedores y, finalmente, eliminar de la Ley la posibilidad de que un proveedor le pueda impedir a un usuario ir a un determinado contenido.

En el texto remitido por el Ministro de Industria, Turismo y Comercio a la Asociación se establece que “cuando un órgano competente hubiera ordenado, en ejercicio de las competencias que legalmente tenga atribuidas, que se interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la información o la retirada de determinados contenidos provenientes de prestadores establecidos en España y para ello fuera necesaria la colaboración de los prestadores de servicios de intermediación, dicho órgano podrá ordenar a los citados prestadores que suspendan el correspondiente servicio de intermediación utilizando para la provisión del servicio de la información o de los contenidos cuya interrupción o retirada hayan sido ordenados respectivamente”.

Para Miguel Pérez Subías, el concepto de órgano competente es ambiguo. “Puede tratarse de los alcaldes, la policía, las sociedades gestoras de derechos de propiedad o el Gobierno. Una página web es, a todos los efectos, un medio de comunicación y como tal debe ser tratado”.

Por otra parte, el Anteproyecto de Ley recoge que “se responsabiliza al proveedor del link o del motor de búsqueda de los contenidos de los que tiene conocimiento porque han sido elaborados bajo su dirección, autoridad o control”. Para la Asociación, la Administración o en su defecto, los “órganos competentes” no deben decidir qué contenidos se pueden o no publicar. “Esta medida supone una restricción y un veto a los usuarios para acceder a páginas y sitios de Internet”, aseguran los responsables de la AUI.