El Gobierno pone orden ante el abuso en la contratación de servicios ADSL

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Más de la mitad de las quejas de los consumidores en el campo de las telecomunicaciones vienen motivadas por la conexión a Internet. Con el objetivo de frenar las crecientes prácticas de slamming, o altas fraudulentas de servicios de Internet ADSL, el Gobierno ha anunciado la puesta en marcha de una batería de medidas, que vienen a complementar el Reglamento sobre protección de usuarios de telecomunicaciones aprobado por Real Decreto en abril de 2005.
Así, se exigirá que la solicitud de contratación de cualquier servicio de telecomunicaciones se tenga que hacer por medios que acrediten la solicitud; cuando un usuario afirme no haber contratado, la carga de la prueba de la contratación corresponderá al operador. Por otra parte, se establecerá la obligación de que el operador que ha realizado el alta fraudulenta tenga que asumir todos los gastos que ésta haya generado en el usuario.
La futura regulación pretende poner orden en el área de las bajas no tramitadas. En el caso de que un usuario se de baja del servicio sin haber disfrutado del mismo por incumplimiento del operador, no se le podrá cobrar ningún tipo de penalización o cuota.
Por lo que respecta a los procesos de cambio de proveedor, en el momento en que al operador donante se le notifique el cambio estará obligado a dar de baja automática todos los cargos fijos (cuota mensual de ADSL, bonos de llamadas, etc.).
En caso de interrupciones en el servicio de Internet, se podrá aplicar al menos una compensación equivalente al prorrateo de la cuota mensual por el tiempo que dure la interrupción. El operador estará obligado a estipular los supuestos de indemnización pertinentes en el contrato de servicios.