A las nueve de la mañana. Ésa ha sido la hora elegida por la plataforma Sinderechos para manifestarse ante el Congreso de los Diputados con el fin de expresar su malestar por la aprobación de la Ley de Economía Sostenible, también conocida como Ley Sinde. Y es que, ésta es una de las últimas manifestaciones contra esta Ley que llega hoy al Congreso de los Diputados (se someterá a votación a partir de las 12:00).
A priori, la Ley contaba con el apoyo de los grupos nacionalistas y del PSOE, apoyos que, tras los últimos acontecimientos, ya no quedan tan claros, según publican diversos medios de comunicación.
Cabe señalar que los últimos días han estado protagonizados por la guerra que ha librado el mundo de Internet contra el Gobierno, que se ha encrudecido desde que se conoció la posible implicación del Gobierno de Estados Unidos en la aprobación de la polémica Ley. Es más, El País revela que el pasado mes de febrero, la Ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, pidió ayuda a la Embajada de Estados Unidos para que tratara de suavizar la postura del PP y de otros partidos políticos ante esta Ley.
Pero si volvemos a las protestas, el domingo pasado, las principales páginas Web de descargas cerraban para denunciar qué es lo que pasaría en caso de que la Ley salga adelante, mientras que ayer, a las seis de la tarde, se llevó a cabo un ataque contra las principales páginas Web de los partidos políticos que consiguió “tumbar” las del PP, CiU, y PNV, aunque la del PSOE “sobrevivió”.
Y mientras, Ángeles González Sinde ha vuelto a defender la Ley asegurando que ésta no irá contra la libertad de expresión, si no que sólo trata de defender los derechos de autor y la propiedad intelectual. Es más, la página principal de la Web del PSOE es un manifiesto en defensa de la Ley que se está apunto de aprobar.
En el caso de los autores, ha sido su presidente, Aldo Olcense, quien ha manifestado que en caso de que la Ley no salga adelante, el colectivo "cambiará de tercio" y se “defenderá que se actúe también contra los usuarios”, tal y como se hace en “otros países europeos más agresivos”.
La opinión de la Coalición de Creadores
Por su parte, la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos emitió ayer un comunicado, en el que manifiesta “su apoyo total y como está redactado en la actualidad, el texto de la Disposición Final Segunda del Proyecto de Ley de Economía Sostenible presentado por el Gobierno, y del que espera "sirva para atajar la lacra de la vulneración diaria, constante y masiva de los derechos de propiedad intelectual en Internet”.
Así, la Coalición entiende que “la defensa de la creación cultural en España es de importancia clave. Estamos ante una excelente oportunidad para que los partidos políticos que han de votar la LES puedan expresar su apoyo dando su voto positivo a la misma”, y hace un llamamiento para salvar un sector "que concentra un 5 por ciento del PIB español y que crece por encima de dos dígitos en los países desarrollados”.
Asimismo, y según el comunicado de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos Culturales, “ya se han puesto en marcha toda una oferta legal de altísima calidad para los usuarios de Internet", y asegura que "continuarán trabajando en tal sentido para que dicha oferta sea cada vez más amplia, mejor y en condiciones económicas competitivas”.
Este sector llama a la “reflexión de todos aquéllos que dan cobijo moral, económico y físico a las páginas de enlaces y descargas ilegales que este pasado fin de semana han escenificado una protesta en la red, sobre el hecho de que las páginas de descargas y enlaces están en muchos casos relacionadas con actividades ilegales perseguidas por los Cuerpos de Seguridad del Estado y los jueces. Por tanto, nada tiene que ver con la cultura ni con la libertad de información y expresión, sino con la realización de actividades delictivas y perseguibles”.
En caso de que finalmente, la Ley no salga adelante, “las industrias no tendríamos más opción que proponer ante las correspondientes instancias de la Unión Europea el modelo para acabar con la piratería en Internet establecido en otros países, como Francia y Reino Unido, y que incorpora a los usuarios como objetivos de la acción legal, además de las páginas web”.
