Los 393 casos reales que son objeto del estudio son sólo una parte de las infracciones que suceden en las empresas, ya que sólo el 13% de las mismas divulgan la existencia de actos desleales en el uso de los sistemas informáticos. De las infracciones detectadas y divulgadas, sólo la cuarta parte terminan en los tribunales. El resto se resuelven mediante acuerdos entre las empresas y los trabajadores.
El intercambio de archivos en redes P2P con terceros es la infracción más frecuente, con un 31% de los casos. Le sigue la creación de empresas paralelas utilizando la propiedad intelectual de la empresa, con un 22% de los casos. Las amenazas, calumnias e injurias ocupan un 21% de las infracciones, y los daños informáticos producidos por sabotajes o la introducción intencionada de virus, supone el 11% de los casos. Otras infracciones frecuentes son la revelación de secretos y datos personales y el acceso no autorizado a los sistemas, con un 10%.
La motivación que lleva a los trabajadores de las empresas a desarrollar estas conductas procede del ánimo de lucro en el 55% de los casos, y de conflictos laborales como despidos injustos en el 41%. Estos fenómenos se producen en un entorno heterogéneo de trabajadores, siendo los usuarios genéricos de la red corporativa los más habituales infractores, seguidos de analistas o programadores. Precisamente, el sector del desarrollo de software es el que registra más incidencias de este tipo, seguido del sector de servicios a empresas, seguros y laboratorios farmacéuticos.
Según el estudio, presentado por el responsable del grupo de Derecho de Tecnologías de la Información de Landwell-PWC, el 80% de los delitos cometidos por los trabajadores producen en las empresas afectadas un perjuicio de menos de 80.000 euros, pero la acumulación de pequeñas infracciones cometidas de forma continuada pueden suponer un delito, especialmente a partir del próximo día 1 de octubre, fecha de entrada en vigor de la reforma del Código Penal, en los artículos referentes al derecho de la propiedad intelectual e industrial.
Durante el periodo estudiado en el informe de Landwell-PWC, los casos de actos desleales han aumentado de 93 en el año 2001, hasta 177 en 2003. Ante este problema, el informe llega a la conclusión de que las empresas deben actuar con políticas de prevención, formación y sensibilización a los trabajadores, auditorías periódicas y medidas de seguridad para evitar la proliferación de estas actuaciones.
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