De momento, la propia Generalitat prevé aumentar la dotación presupuestaria que destina a TIC, pasando de los 30.000 millones de pesetas actuales a cerca de 38.000 millones de pesetas en el año 2000.
Este incremento seguiría la recomendación realizada en el proyecto Catalunya en Xarxa (Cataluña en red), plan estratégico presentado el pasado 14 de abril en el Parlament de Catalunya, que obtuvo el apoyo de diferentes fuerzas políticas. El Presidente de la Generalitat Jordi Pujol realizó ayer la exposición pública del plan, que ha sido elaborado conjuntamente por el comisionado y Localret (consorcio de ayuntamientos catalanes) para impulsar las TIC en la Comunidad Autónoma.
Sector privado
Siguiendo las directrices de este programa, confeccionado por un grupo de 250 expertos, las Aministraciones Públicas catalanas tendrían que invertir el 2% de sus presupuestos en TIC, de igual modo que se indica que el sector privado invierta idéntico porcentaje del PIB. En total, en los cuatro años de vigencia del plan estratégico, se considera necesario una inversión de 1,2 billones de pesetas. Según Puig, aunque se trata de cifras más elevadas que las actuales, “no son exageradas. Se trata de volúmenes económicos que se pueden invertir.
El objetivo último de este proyecto es situar a Catalunya entre los diez primeros países europeos punteros en TIC, ha señalado el Comisionado para la Sociedad de la Información. Con este proyecto se pretende dar respuesta al reto que la nueva Sociedad de la Información plantea y que se convierte en una oportunidad de progreso económico y equilibrio social y territorial.
Para Antoni Farrés, presidente de Localret, es necesario lograr un compromiso de todos los sectores de la sociedad catalana, un compromiso para la modernidad, un compromiso para la Catalunya del siglo XXI. Y es que lo más importante para conseguir este objetivo, más que una acción material, es la formación de un consenso en torno a la idea que vale la pena hacer el esfuerzo para que formemos parte de la Sociedad de la Información.
Como resultado de esta prospección, se proponen 38 iniciativas dirigidas a conseguir, entre otras metas, el desarrollo de las infraestructuras de las comunicaciones, la modernización de la actividad económica y la introducción de las TIC en los campos de la educación, la sanidad, la Administración Pública y la cultura.
Algunas de las propuestas que hace Catalunya en Xarxa son la reducción del ratio de estudiantes por ordenador (pasando de los 30 actuales a 20), la creación de una red de información en toda la cadena sanitaria, la instalación de centros pilotos de teletrabajo y la promoción del capital riesgo.
Puig ha señalado que se ha de procurar captar inversión extranjera para el fomento de las TIC pero no será este el motor. El motor del cambio hacia la Sociedad de la Información ha de venir de empresas nuevas que surjan de las universidades, que es donde se desarrollan excelentes labores de investigación.
Ventanilla electrónica
El comisionado también ha remarcado la importancia de que la Administración sea pionera en introducirse en la Sociedad de la Información, utilizando canales electrónicos en su relación con el ciudadano. De hecho, en el conjunto de propuestas se contempla la creación de un ventanilla electrónica que disponga del 80% de los trámites administrativos que los ciudadanos necesiten así como la informatización progresiva de los formularios administrativos (30% en la primera fase y 70% en la segunda).
El comisionado ha reiterado la importancia de la aprobación de la directiva europea sobre la firma electrónica: A partir de este hecho se iniciará el proceso de constitución de una entidad certificadora de la que formarán parte tanto las Administraciones Públicas catalanas como la banca. La certificación electrónica ha de ser válida ante todas las administraciones, aunque con la central, debido a su complejidad, será más difícil. La intención es poder aceptar la tramitación electrónica en la próxima legislatura.
Catalunya en xarxa se presentó el pasado 14 de abril al Parlament de Catalunya, obteniendo el apoyo de diferentes fuerzas políticas. El plan estratégico tiene una vigencia de cuatro años y está previsto que anualmente se haga una memoria de seguimiento dentro del primer semestre del año. Asimismo el comité de seguimiento se encargará de las actualizaciones de las medidas y de objetivos del plan para poder ir adaptándolos a las nuevas posibilidades y realidades de Catalunya.
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