Los sectores más afectados por la piratería informática han sido, según la BSA, la industria de los servicios, seguida de los sectores de arquitectura y diseño, ventas y distribución, ingeniería, fabricación y artes gráficas.

En España se han pasado de las 47 denuncias registradas en enero y febrero de 2008 a las 65 de este año. Además, otro dato preocupante hace referencia al número de acciones legales realizadas en nuestro país en estos primeros meses, que prácticamente duplica las llevadas a cabo en este mismo periodo de 2008. “Hemos pasado de 26 a 48 acciones legales”, afirma la BSA.

Según palabras de Julian Swan, director de marketing de BSA para la región de Europa, Oriente Medio y África (EMEA), “con un promedio de más de 100 casos por semana, las empresas deben tomar conciencia de los riesgos de la utilización de software ilegal. El fuerte aumento en toda la región podría deberse a factores como la situación de riesgo en la que se encuentran las empresas durante este momento de recesión económica, o quizá por el hecho de que con el aumento de los despidos, los desempleados denuncien a sus ex empresas en busca de la recompensa que ello le puede suponer”.

Así, la organización vuelve a recalcar que “con la actual inestabilidad económica, las compañías deben garantizar la fortaleza de sus operaciones y los activos para sobrevivir a este clima de incertidumbre. Las compañías se equivocan si buscan reducir costes mediante atajos que pueden exponerlas a un riesgo aún mayor de pérdidas financieras, además de dañar su capacidad operativa y su reputación”.

Y es que, el software legal proporciona grandes ventajas a las empresas, ya que tienen derecho a soporte técnico, a determinados servicios y actualizaciones del proveedor oficial del software, antivirus, recuperación de datos y solución a otros riesgos operacionales. “Por el contrario, la utilización de software sin licencia puede acarrear graves consecuencias para la reputación de la empresa, afectando a sus potenciales clientes y contratos, además de correr el riesgo de ser denunciada”.