La aprobación de la Ley de Economía Sostenible continúa creando polémica. En esta ocasión el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a pesar de mostrarse de acuerdo con que sean los juzgados de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional los que decidan el cierre de una página Web que infrinja los derechos de propiedad intelectual, critica la “indefinición del procedimiento a seguir”.

Y es que, al parecer, la Comisión de Estudios e Informes del CGPJ considera que la ausencia de claridad en el procedimiento “repercutiría negativamente en la acción de los tribunales de lo contencioso-administrativo”. En este sentido, el hecho de que el cierre de las páginas Web de descarga se produzca en un plazo de cuatro días supondrá “una importante carga adicional de trabajo, lo que acaso pudiera derivar en la necesidad de ampliar la planta de esos Juzgados o en establecer ciertas medidas de refuerzo".

Por último, cabe señalar que la Comisión cree que es necesario que se realice un estudio donde se tenga en cuenta “el impacto de las reformas propuestas en términos de empleo, actividad y precios”, o, sino se realice una aproximación al número de “procedimientos administrativos anuales que se calcula que podría tener que instruir y resolver la Comisión de Propiedad Intelectual en esta materia para establecer cuántas intervenciones podrían ser necesarias por parte de los Juzgados”.