El Gobierno reitera su intención de sustituir la “Economía del Ladrillo” con la LES



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“No es tarea del Gobierno definir los sectores de crecimiento económico del país, sino sentar las bases para que esos sectores puedan desarrollarse desde el ámbito privado y garantizar los recursos para hacer frente a las nuevas situaciones que se planteen”. Con estas palabras, Ángel Estrada, Director General de Análisis Macroeconómicos y Economía Internacional del Ministerio de Economía y Hacienda, analiza la situación de la Ley de Economía Sostenible.

Para Antonio Gavilanes, Presidente de Club Diálogos para la Democracia, “en España se ha perdido mucho tiempo. Debíamos haber empezado, ya en el año 2000, a afrontar las reformas necesarias para lograr una mayor efectividad en todos los sectores y, además, haber tomado desde hace tiempo medidas para contener el gasto público. Por eso, creo que es necesario un Pacto de Estado urgente para apoyar al Gobierno que las está empezando a llevar a cabo. Es tarde, pero bienvenidas sean”.

Las medidas, que se engloban en el patrón de crecimiento sostenible que marca la nueva Ley sobre tres dimensiones básicas: social, medioambiental y económica, “son el resultado de los esfuerzos realizados en los diferentes ámbitos”, destacó Ángel Estrada, quien además reiteró que con esta Ley “el objetivo prioritario es el de la creación de empleo a corto plazo que se situará en el 1,8 por ciento en 2010”. Con respecto a la contención del gasto público, entre otras medidas, el Director General subraya “la prohibición a los ayuntamientos, en 2011, de incrementar su nivel de endeudamiento”.

Con respecto al cambio que hay que generar en la “economía del ladrillo” las principales propuestas pasan por eliminar incentivos para la compra de viviendas y por sentar las medidas legales que incentiven a los ciudadanos a alquilar y protejan también a los propietarios que alquilen sus inmuebles. Según Estrada, “el 9 por ciento del PIB que llegó a representar la inversión en vivienda en nuestro país es excesivo. Desde nuestro punto de vista, una cifra sostenible sería el 5 por ciento del PIB, como máximo”.

José Velázquez, director general de SAP Iberia, insistió en que “la gestión pública debe regular y aplicar criterios de sostenibilidad. La única vía de evolucionar hacia un modelo de excelencia para el control de resultados de los organismos públicos es contando con las herramientas tecnológicas necesarias. Si ellas no habrá posibilidad de entrar en una senda de Economía Sostenible. La Administración Pública necesita tecnologías que le permitan garantizar la calidad, seguridad y eficacia de sus procesos”.

La clausura del foro corrió a cargo de Francisco Ros Perán, Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, quien destacó la posición de nuestro país en cuanto a desarrollo de la e-Administración se refiere, y instó a las operadoras a que “no utilicen la totalidad de la banda de frecuencia con la que cuentan” para que la cedan “a otra operadora sí pueda utilizarla sin necesidad de nuevas contrataciones”.

 


Autor: Bárbara Madariaga
Fecha: 02/07/2010
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