Cabe recordar que hace poco más de una semana la Unión Europea respaldaba la desconexión de Internet en su polémico “paquete telecom” y que fue el propio Gobierno, a través de Miguel Sebastián, Ministro de Industria, Comercio y Turismo; y Ángeles González-Sinde, Ministra de Cultura, quienes aseguraron que en España no se adoptarían estas medidas.

Pues bien, según el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, y con el objetivo de "proteger la propiedad intelectual frente a la piratería en Internet ", se modificará la  Ley 32/2002 de Servicios de Internet. De esta forma, y tal y como asegura el citado anteproyecto, “los órganos competentes para la adopción de las medidas, y con el objeto de identificar al responsable del servicio de la sociedad de la información que está realizando la conducta presuntamente vulneradora, podrán requerir a los prestadores de servicios de la sociedad de la información la comunicación de los datos que permitan la identificación a fin de que pueda comparecer en el procedimiento. Los prestadores estarán obligados a facilitar los datos de que dispongan”, reza el anteproyecto de Ley.

El encargado de “la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de información” será el Ministerio de Cultura. Para ello, la cartera que dirige Ángeles González Sinde creará la Comisión de Propiedad Intelectual, “como órgano colegiado de ámbito nacional, para el ejercicio las funciones de mediación y arbitraje y de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual que le atribuye la presente Ley”.

Cabe señalar que hasta dentro de seis meses (fecha en la que entrará en vigor la nueva Ley) sólo se pueden cortar las comunicaciones en cuatro supuestos: salvaguardar el órden público, la investigación penal, la seguridad pública y la defensa nacional; la protección de la salud pública o de las personas físicas o jurídicas; el respeto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminación por motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social, y la protección de la juventud y de la infancia”, a la que ahora se unirá “salvaguardar los derechos de propiedad Intelectual”.

Reacciones

La Asociación de Internautas no ha tardado en reaccionar, y en su página Web, Victor Domingo, presidente de la AI, muestra su disconformidad, ante hechos como que se desconozca “quiénes serán los órganos competentes”, y se pregunta si “serán los jueces o un órgano administrativo”.

Miguel Sebastián, por su parte, ha asegurado en una entrevista a un medio de comunicación que con esta Ley “no se va a perseguir a los usuarios de Internet, sino a las páginas de descargas ilegales”.

En cuanto a la otra parte implicada, el sector de la industria musical, algunos representantes de la misma se reunieron esta mañana para solicitar al Gobierno la adopción de “medidas urgentes y valientes” contra la piratería en Internet.