Desde el 10 de septiembre de 2007, día en que se dio luz verde a la Ley de Administración Electrónica, ha llovido mucho. Si bien el espíritu de la Ley de reconocer el derecho de los ciudadanos a relacionarse telemáticamente con la Administración así como la obligación de ésta de prestarles servicio a través de las nuevas tecnologías a partir del 1 de enero de 2010 era un objetivo tremendamente ambicioso ya en el momento de su aprobación, hoy la fuerte contención presupuestaria estatal y el adverso contexto económico hacen que sean muchos los que se planteen la plena operatividad de la Ley el próximo mes de enero.
Según Rafael Achaerandio, responsable de análisis de IDC España, “la crisis afecta a todos los niveles de la Administración. De hecho, en la Administración central, de acuerdo con nuestros números, hay una fuerte contención presupuestaria que no existía hace un par de años, a la que hay que añadirle el hecho de que los presupuestos que maneja la Administración para TIC son de otro orden de magnitud respecto a los presupuestos para otras partidas”.
Por ejemplo, Achaerandio defiende que el coste de las TI frente a lo que cuesta a cualquier ayuntamiento hacer una pequeña obra civil como, por ejemplo, asfaltar una calle o hacer una fuente es mínimo. Aunque es variable, “el porcentaje aproximado del presupuesto de TI en los ayuntamientos puede ser, en el mejor de los casos, de hasta el 1% del presupuesto de la localidad”, puntualiza. “Por suerte o por desgracia –señala–, las TI no son muy caras pero, probablemente, tampoco tienen la visibilidad de otras acciones”.
Desde luego, está claro que la situación que teníamos en el momento que se aprobó la Ley no es la misma que la vivimos en la actualidad. Y que, tal y como explica el analista de IDC, “los responsables de tecnología de la Administración a todos los niveles tiene por delante un año complicado ya que, aparte de esta contención presupuestaria, deben además alinearse para cumplir los objetivos marcados en la Ley 11/2007”.

El balance de año y medio de trabajo

“Aunque se han dado pasos muy importantes en la incorporación de la TIC a la Administración todavía queda un largo camino por recorrer”. Con esta frase resume Luis Pedroche Rojo, director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria del Ministerio de Economía y Hacienda, el trabajo realizado por la Administración en este año y medio, en el que queda patente el compromiso del Ejecutivo de “situar a España como uno de los países más desarrollados de nuestro entorno en incorporación de las TIC a la Administración y de convertir a ésta en una administración de referencia en el ámbito internacional”.

Sólo en la Administración General del Estado (AGE), Juan Miguel Márquez, director general para el Impulso de la Administración Electrónica del Ministerio de Administraciones Públicas (MAP), afirma que esta tarea “significa adaptar más de 2.000 procedimientos, de los que 188 se consideran de alto impacto” A día de hoy, se ha avanzado mucho, en la medida en que, según Márquez, “el 70% de los procedimientos de alto impacto ya están totalmente adaptados a la ley y el resto tienen algún grado de adaptación. Es decir, del total de procedimientos, más de 500 ya están totalmente adaptados y el 71% tiene algún grado de adaptación”.
Pero lo cierto es que, como señala Achaerandio, “la Administración general y la autonómica cuentan con el conocimiento, la experiencia y el presupuesto que les posiciona de forma más positiva en cuanto a la capacidad operativa de cumplir con los plazos marcados por la Ley”.
De acuerdo con las cifras recogidas en el estudio Estado de las TIC en la Administración Local, elaborado por Red.es y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, más de 8.000 ayuntamientos españoles ya están preparados para la ley 11/2007. Según palabras de David Cierco, director general para el Desarrollo de la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, “en los últimos cuatro años se ha avanzado mucho, tanto en equipamiento como en servicios”. El directivo señala que “el Plan Avanza ha movilizado hasta 2008 más de 400 millones de euros, de los cuales Industria ha aportado 162,8 millones de euros que es lo que ha hecho que la fotografía sea muy diferente a la de hace unos años”. En este proceso, según Achaerandio, han jugado un papel decisivo las diputaciones y las comunidades autónomas. “Existen muchos ayuntamientos que no tienen ni el conocimiento ni el dinero para llevar a cabo proyectos de este tipo, por lo que, por regla general, asumen esta informatización de la mano de la diputación o la comunidad autónoma que les hace una solución llave en mano”, explica el analista de IDC.
El informe de Red.es y del MITC destaca que más del 50% de los ayuntamientos de 1.000 habitantes ofrecen servicios de tramitación de expedientes municipales por Internet y más del 74% de más de 15.000 habitantes ofrecen información para las empresas vía web.
Para este año “el Ministerio de Industria tiene previsto destinar 67,5 millones de euros más para conseguir que ningún ciudadano, viva donde viva, se quede sin poder relacionarse con la administración de manera telemática”, apunta Cierco.

Modelos a seguir
Pero no a todo el mundo le ha pillado esta ley con el pie cambiado. Existen diferentes iniciativas en las comunidades autónomas que lo demuestran. También a nivel ministerial, hay importantes referencias que han abierto camino en la incorporación de la TIC como es el caso del Ministerio de Economía y Hacienda, y, en concreto, la Agencia Tributaria (AEAT). “En 1996, en un momento en que sólo el 4% de la población mundial estaba conectada a Internet y que en España apenas había 50.000 internautas, la Agencia ya utilizaba los servicios telemáticos”, explica Ignacio González, director general del departamento de Informática Tributaria de la AEAT. “Desde ese momento se han ido incorporando más servicios y de mayor valor añadido, con un ritmo de crecimiento acumulativo anual del 67% ”, sostiene González.

Desafíos
Pero, aparte de la contención presupuestaria, ¿qué otros obstáculos pueden poner freno a esta carrera contrarreloj?
Uno de los principales retos es, en palabras de Luis Pedroche Rojo, “la generación de confianza que elimine o como mínimo minimice los riesgos asociados a esta tecnología. La pronta incorporación de la firma electrónica en España ha facilitado esta autenticación e identificación y ha alimentado esta confianza”. En este apartado se han dado pasos significativos, prueba de ellos son los dos millones de certificados Ceres activos que existen en la actualidad.
Mas uno de los principales caballos de batalla que supone el concepto de ventanilla única impulsado en el espíritu de la Ley 11/2007 es la interoperabilidad entre sistemas. “El salto cualitativo que debe hacer la Administración para poder dirigirse de manera electrónica al ciudadanos es conseguir la relación entre las diferentes administraciones”, afirma Ángel Ros, presidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías y Sociedad de la Información de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Hoy por hoy –continúa–, es manifiesta la ausencia de una relación estable entre los sistemas de las diferentes administraciones. Superar esta debilidad es clave para la efectividad de la Ley 11/2007”. Un reto que, como apunta Pedroche y Rojo, “exige desarrollar un esquema nacional de interoperabilidad que establezca el mínimo común denominador para que se entiendan los sistemas”.
No hay marcha atrás. El reloj avanza: el 1 de enero de 2010 entrará en funcionamiento la Ley pero está claro, según Ros, que, ante esta falta de interoperabilidad, lo “hará de una forma progresiva: no habrá una situación ideal desde el primer día”.


Agencia tributaria, pionera en e-Administración
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Hace más de 13 años que la Agencia Tributaria ofrece servicios telemáticamente. Desde esa fecha, la oferta de servicios ha ido creciendo a un ritmo del 67% acumulativo anual. En 2005, abrió la oficina virtual, un servicio que ha registrado en 2008, 158 millones de accesos y en los últimos cinco años un total de 500 millones de accesos.
La página web de la agencia, que contiene 3.600 servicios diferentes y 400 páginas estáticas y que sirvió en 2008 1,9 millones de páginas al día con un tiempo de respuesta de 435 milisegundos, ha registrado un crecimiento en los accesos cinco veces mayor que el crecimiento de los servicios en el país. El futuro, según Ignacio González, director del departamento de Informática Tributaria de la AEAT, pasa por evolucionar el concepto de oficina virtual al de “mi agencia tributaria. Debemos superar el concepto de oficina virtual. Las preguntas habituales del ‘quién soy’ y ‘dónde estás’ han cambiado, ahora se trata de que el procedimiento que el ciudadano use para relacionarse con la Administración sea el mismo que cuando habla por el móvil”.


Nuevo impulso al DNI-e
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Aunque nueve millones de españoles ya tienen DNI electrónico, éste se usa poco como herramienta de seguridad para poder operar en la Sociedad de la Información. Para fomentar su uso, el Gobierno ha anunciado que destinará otros 14 millones de euros, que se suman a los casi 43 millones invertidos en esta área hasta el momento. También promoverá actuaciones para impulsar el desarrollo de servicios y aplicaciones relacionados con el nuevo DNI. Desde su nacimiento en 2006, el Gobierno ha invertido 150 millones de euros en el proyectos del DNI-e.