España ocupa la novena posición a nivel global entre los países cuyas normas y leyes acerca del cloud computing son más favorables al crecimiento y desarrollo de esta popular tendencia. Así se desprende de un ranking sobre el tema publicado por la Business Software Alliance (BSA) el cual, a pesar de la que se puede catalogar como buena posición para nuestro país, alerta de que la actual proliferación de leyes contradictorias (tanto a nivel estatal como internacional) puede suponer una barrera insalvable para el desarrollo del paradigma del cloud computing.

El ranking BSA Global Cloud Scorecard evaluó las leyes y reglamentos de los países que representan el 80% de la información del mundo en siete áreas: privacidad de los datos, ciberseguridad, cibercrimen, propiedad intelectual, interoperabilidad de la tecnología y armonización legal, libre comercio e infraestructura de TI. Una lista que lideran, como viene siendo habitual en las clasificaciones tecnológicas, Japón, Australia, Alemania, Estados Unidos y Francia. España ocupa la mencionada novena plaza, por detrás de Corea y por delante de Singapur, Polonia y Canadá.

En cuanto a los países emergentes, Singapur, Malasia y México ocupan posiciones aventajas en cuanto a una legislación más ventajosa para el cloud computing. Les siguen Argentina, Turquía y Rusia, encontrando a India y Brasil en las posiciones más retrasadas de la clasificación. 


Los autores del estudio han destacado además el hecho de que algunos de los países que lo están haciendo bien en materia de cloud computing también tienen leyes y reglamentos en construcción que entran en conflicto con otros países. Por ejemplo, la propuesta de la Unión Europea de Reglamento de Protección de Datos podría socavar la escala potencial y el impacto económico de la nube.

España: ventajas y retos

Más allá de la posición comparativa que nuestro país guarda en el ranking, siendo uno de las cinco naciones con mejor desarrollo legal en la materia, el estudio ofrece algunas otras claves interesantes y que son dignas de consideración en pro de un mayor desarrollo de este modelo de negocio.

En ese sentido, el estudio destaca que España “tiene una legislación integral de privacidad, aunque depende en gran medida de un proceso de registro de datos que podría actuar como una barrera para los servicios de cloud computing”. En ese sentido, nuestro país tiene una amplia legislación relativa a delitos cibernéticos y ha ratificado el Convenio sobre la Ciberdelincuencia. España también tiene una legislación específica sobre el comercio electrónico global y la firma electrónica, y los proveedores de Internet están libres de cualquier filtración de Internet o censura, aspecto que comparte con la gran mayoría de los países analizados en el estudio.

Las lagunas sobre nuestro país comienzan, como no podía ser de otra forma, con la protección de la propiedad intelectual. Este siempre espinoso tema vuelve a suponer una lacra o barrera para España, especialmente respecto a la responsabilidad de los proveedores de Internet. Estos fallos son, siempre según lo afirmado por la BSA, en parte el resultado de la tensión entre los derechos de privacidad y los derechos de propiedad intelectual, y “es necesario seguir trabajando para garantizar que esta cuestión no se convierta en una barrera para los servicios de cloud computing”.

En cuanto a los detalles técnicos, desde la Business Software Alliance aseguran que España tiene una “excelente infraestructura de TI y la penetración de banda ancha está creciendo rápidamente”. En ese sentido destacan el compromiso del Gobierno de ofrecer cobertura de Internet de 1 Mbps al 100% de la población el próximo año y de 100 Mbps al 50% de los habitantes de la nación para 2015.

Propuestas de la BSA

1. Proteger la privacidad de los usuarios al tiempo que se permite el libre flujo de datos y el comercio.
2. Promover prácticas avanzadas de seguridad cibernética sin requerir el uso de tecnologías específicas.
3. Combatir el cibercrimen con medidas disuasorias y causas claras de acción contra los delincuentes.
4. Proporcionar una protección sólida y la aplicación rigurosa contra la apropiación indebida y la violación de las tecnologías de cloud computing.
5. Fomentar la apertura y la interoperabilidad entre los proveedores y soluciones de cloud computing
6. Promover el libre comercio mediante la reducción de barreras y la eliminación de las preferencias para determinados productos o empresas
7. Proporcionar incentivos para que el sector privado invierta en infraestructura de banda ancha, y promover el acceso universal a la misma entre los ciudadanos.