Como resultado de esas acciones las compañías españolas implicadas han tenido que hacer frente a casi 400.000 euros de costes, sumando el valor total de las indemnizaciones por perjuicios, que ascendió a 246.000 euros, y los 150.000 euros por regularizaciones, compra de software para sustituir al ilegal intervenido, y sin incluir los costes de los procesos judiciales.

En el conjunto de Europa, Oriente Medio y África (EMEA), España es uno de los países donde se han producido más denuncias por uso de software ilegal en el transcurso de 2009, hasta 324 casos. “Creemos que puede deberse a una mayor concienciación a todos los niveles de la ilegalidad que supone vulnerar los derechos de propiedad intelectual del software. Y en cualquier caso, viene a reflejar los riesgos legales a los que se pueden enfrentar aquellos negocios que no cumplen con la Ley de Propiedad Intelectual”, afirma Luis Frutos, presidente del comité español de la BSA.

Según el último informe global de IDC, correspondiente a 2008, el índice de piratería de software en España es del 42%, siete puntos por encima de la media de la UE (35%) y a nueve de los países de Europa Occidental (33%), lo que se traduce en unas pérdidas anuales de más de 730 millones de euros para el conjunto del sector.